ORDENAN SEGUNDA PRISIÓN PREVENTIVA POR 10 MESES EN CONTRA DEL SUSPENDIDO GOBERNADOR MORILLO ULLOA

Clive Julio Vargas Maguiña, juez encargado del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Ancash (CSJAN), dictó mandato de prisión preventiva por el plazo de 10 meses en contra de Juan Carlos Morillo Ulloa, suspendido gobernador regional de Ancash, investigado por la presunta comisión del delito Contra la Administración Pública – Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, en la modalidad de Colusión Agravada, en agravio del Estado – Gobierno Regional de Ancash (GRA).

Igual medida coercitiva y plazo alcanza a Johnny Constantino Muñante Quispe, Pedro Miguel Velezmoro Sáenz, William Percy Rojas Vereau, Juan Wilson Mendo Sánchez y Jiordano Renzo Alva Pinedo, investigados por la supuesta comisión del delito Contra la Administración Pública – Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, en la modalidad de Colusión Agravada, en agravio del Estado – GRA.

Es de remarcar que el imputado Morillo Ulloa y los investigados antes citados se encuentran en el Establecimiento Penitenciario de Huaraz, cumpliendo nueve meses de prisión preventiva dictada en diciembre de 2020, por el caso del IOARR “Remodelación de ambiente complementario, adquisición de monitor de funciones vitales, ventilador mecánico y equipo ecógrafo; además de otros activos en la EESS Eleazar Guzmán Barrón – distrito de Nuevo Chimbote, provincia Del Santa, departamento de Áncash”.

Asimismo, en contra de la empresaria Gina Carol Chávez Pacchioni se ordenó mandato de prisión preventiva por el plazo de 10 meses por la presunta comisión del delito de Colusión Agravada, en agravio del Estado – GRA.

Cabe remarcar que en contra de esta imputada se ha impartido la orden de ubicación, captura e internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Huaraz.

Por otra parte, en contra del investigado Ángel Enrique Velásquez Abanto se impuso Comparecencia con Restricciones, sujeta al cumplimento de reglas de conducta, las que hará efectivas una vez que haya egresado del Establecimiento Penal de Huaraz, bajo el apercibimiento de revocársele esta medida por la de prisión preventiva, en caso de no acatarlas, previo requerimiento fiscal.

A los imputados se les atribuye haber efectuado acciones fuera de la ley para favorecer a la empresa que ejecutó la IOARR “Remodelación de ambientes complementarios; adquisición de monitor de funciones vitales, ventilador mecánico y desfibrilador; además de otros activos en el (la) EESS Víctor Ramos Guardia de Huaraz”.