Edición Anterior: El diezmo en el sector público

¿La administración del Estado es un negocio o una gestión de servicio público?

La corrupción son de personas, no de instituciones, pero sucede que se ha institucionalizado, hasta el punto de que cometer delitos de “cuello y corbata” es licito o legítimo, porque cuando las personas hacen sus transacciones con el Estado, en sus diferentes niveles, existe por lo menos este dialogo: dice – el contratista – «gracias por el apoyo y ¿cómo puedo retribuirle? El funcionario corrupto responde “solo lo que la ley manda”, como queriendo afirmase que el diezmo está permitido por la legislación, que es legítimo y decente, y les corresponde ese pago por el mero hecho de ser “autoridades” ; entonce les parece absolutamente válido que paguen coimas del 10% o más. De este modo el diezmo se ha popularizado o se ha convertido en una palabra famosa o “normal” en las transacciones del Estado y, también, en el sector privado empresarial.

Pero el “diezmo” es un concepto muy conocido desde hace milésimos de años, que en determinadas estructuras de la sociedad, especialmente en los grupos religiosos se convierten en normas de carácter moral, en la esfera del cristianismo aparece en el Antiguo Testamento. El diezmo era un requisito de la ley en la cual todos los Israelitas ofrendaban al tabernáculo / templo el 10% de todo lo que ganaban y lo hacían crecer (Levítico 27:30;  Números 18:26; Deuteronomio 14:23; 2ª Crónicas 31:5). Algunos toman al diezmo del Antiguo Testamento como un método de imposición de tributos para suplir las necesidades de los sacerdotes y los Levitas del sistema Mosaico. El Nuevo Testamento en ninguna parte ordena, o aún recomienda que los cristianos se sometan a un sistema legalista de diezmar. Pablo declara que los creyentes deberían aportar una porción de sus ingresos a fin de dar soporte a la iglesia (1 Corintios 16:1-2).

En ese sentido, casi todas las iglesias en el plano privado-institucional, exigen ya sea en forma de donación o entrega de bienes para el pago de sus sacerdotes o mantener el funcionamiento de sus iglesias, esta tradición sigue manteniéndose hasta la actualidad en muchas organizaciones religiosas del cristianismo y otras confesiones.

En cuanto a la sociedad y el Estado moderno, a partir de la insurgencia del liberalismo político, luego de la caída del Estado Monárquico, en cierta forma se ha criminalizado muy tibiamente y como para maquillar y ocultar la naturaleza del ejercicio político en las sociedades capitalistas. Por ello los estudiosos de la criminalidad y la ciencia de la criminalística al delito proveniente de las malas prácticas en dicho ejercicio ligado al “negocio” lo conocen como los delitos de “cuello y corbata”.

Pero es normal en el régimen de la actividad privada, esto es, en la administración de negocios y las empresas, que las personas que tienen poder de decisión cobren porcentajes para hacer una procuración con resultados favorables al que paga mejor, tanto en la adquisición de bienes como servicios, es decir se ha institucionalizado a través de los empleados intermedios, como gerentes y administradores, y en ellos es absolutamente normal que el “diezmo” o sobornos se paguen tanto para ingresar a trabajar y/o hacer negocios, como una especie de contrapartida necesaria, tanto por los clientes que concurren ávidos de “colaborar”, pues, nada se obtiene sin una “inversión” previa. Más aún, es una práctica conocida incluso en los propietarios o dueños del accionariado que para obtener ventajas en determinadas negociaciones se valen de funcionarios intermedios para obtener un resultado, que en todo caso, lo justifican como parte de la operación, con el argumento del “mismo cuero sale la correa”.

De allí que el diezmo forma parte del negocio o la inversión y podría decirse que constituye un elemento esencial para que el mercado funcione y, por tanto, resulta ser una práctica común y corriente del sistema capitalista, sin el cual el sistema económico construido sobre ella no funcionaria.

* Héctor Flores Leiva es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en temas municipales. Fue alcalde de la provincia de Huari en dos períodos. Catedrático en universidades de Huaraz.