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VACÍO DE PODER, ILEGITIMIDAD DE ORIGEN Y DE EJERCICIO EN LA REGIÓN ANCASH

Las sentencias mediante condenas efectivas dictadas, tanto por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ancash como por el Juzgado Unipersonal de la misma Corte contra el entonces gobernador regional Waldo Ríos Salcedo, y el sustituto por suspensión del titular Enrique Vargas Barrenechea (vicegobernador), acaba de crear un vacío de poder sin precedentes en el Perú, trayendo consigo una cuestión de ilegitimidad del poder en general, en el caso de elegirse al sustituto por el Consejo Regional de la Región Ancash.

El vacío de poder se produce cuando existe parálisis, inacción y dificultades legales para elegir a la autoridad prevista por la norma pre establecida, el mismo que no permite, legalmente, elegir al sustituto tal como prevé la legislación de la materia; pues, el artículo 31º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por el Art. 2º de la Ley Nº 28961, dice textualmente: “Artículo 31º. Suspensión del cargo: El cargo de Presidente, Vicepresidente y Consejero se suspende por: 1. Incapacidad física o mental temporal, acreditada por el organismo competente y declarada por el Consejo Regional. 2. Mandato firme de detención derivado de un proceso penal…”. Así la ley autoriza que el vicepresidente sustituya al titular en caso de ser éste suspendido. Por ello Ríos Salcedo fue reemplazado por Vargas Barnechea, mientras se dilucida su situación en la Sala Penal de la Corte Suprema de la República.

Pero resulta que en el presente caso, tanto el Presidente y Vicepresidente, han sido condenados con “mandato firme de detención”, por tanto no pueden ejercer sus cargos, como corresponde y se ha generado un vacío de poder que no ha sido previsto por la legislación de la materia, que si lo hace en el caso de las Municipalidades, por cuanto en ellas existe un alcalde y los regidores que por una prelación predeterminada pueden ejercer o acceder al cargo de Alcalde en forma sucesiva.

Si bien es cierto que en este caso se trata de una suspensión en el cargo de Presidente Regional (Gobernador), en la práctica, se le reemplaza como si se tratara de una vacancia; pues ni el Consejo Regional ni el Jurado Nacional de Elecciones puede “encargar” el cargo de Presidente o Gobernador Regional mientras dure la suspensión. Entonces, en el caso que nos ocupa, no se encarga sino se entrega credenciales como Gobernador Regional, titular y no encargado; solo que la condición de “suspendido” de su titular le favorece a éste, en una eventualidad de que la resolución final de los tribunales de justicia le sea favorable, entonces, retoma todos sus derechos inherentes a su cargo para el que fue elegido. Un caso parecido fue la del Alcalde Amaro de Yungay, que al ser procesado con detención y sentenciado con mandato firme, tuvo que esperar el pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema, que le absuelve de la acusación y revoca la sentencia condenatoria, y que al obtenerse dicho fallo, sin ningún pronunciamiento, ni del Concejo Municipal y tampoco del Jurado Nacional de Elecciones, retoma sus funciones como tal.

En el Presente caso, si bien es cierto que van a proceder de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 31, in fine, de la Ley Nº 27867, modificado por la Ley Nº 28961, lo real es que tienen que elegir al reemplazante, tal como prevé el Art. 30º, in fine, de la Ley Orgánica del Gobierno Regional:  “… de producirse la vacancia simultánea del Presidente y Vicepresidente, el Consejo Regional elige entre sus miembros a sus reemplazantes. El Jurado Nacional de Elecciones acredita a los consejeros accesitarios…”, siendo este dispositivo el aplicable, por cuanto tiene que elegirse de los actuales Consejeros Regionales por los funcionarios regionales titulares que se encuentran en suspensión.

ILEGITIMIDAD DE ORIGEN Y DE EJERCICIO DE LOS ACTUALES CONSEJEROS REGIONALES.

La legitimidad de origen es la que da derecho y por tanto aceptación por los gobernados en un Estado Democrático Constitucional de Derecho. Los marcos normativos establecen que se fija por elección del pueblo tanto para el cargo de Presidente como de Vicepresidente de la región. En el lamentable caso de Áncash, desgraciadamente se ha producido la incapacidad de que ambas autoridades no pueden ejercer ese derecho para el que fueron elegidos, vale decir, Presidente y Vicepresidente, están impedidos materialmente de hacer uso de ese derecho que el pueblo les concedió en elecciones libres, democráticas, secretas y universales.

En ese sentido, si bien es cierto es factible elegir a cualquiera de los consejeros regionales para dicho cargo, mediante un procedimiento de interpretación de la ley de la materia, y solo por los consejeros regionales que integran el Consejo Regional de Ancash y no por el pueblo; sin embargo, dichos consejeros no fueron elegidos para gobernar la región, sino más bien para cumplir una función complementaria, pero esencialmente distinta a la de gobernar, esto es, de legisladores regionales y de fiscalización, de manera directa e inequívoca. El problema es que evaluado en conjunto si los consejeros regionales cumplieron o no el mandato del soberano tanto en la capacidad de legislar y fiscalizar, la que eventualmente les daría una legitimidad de ejercicio, la evidencia es que no cumplieron.

En esa consideración, dada la situación, se abre un proceso muy largo y tedioso de ingobernalidad dela región Ancash, con las consecuencias imprevisibles por el momento; añadido a ello, que hasta la fecha tanto la gestión de Waldo Ríos y de Enrique Vargas, se han caracterizado por la improvisación, ineficacia e ineficiencia, de corrupción generalizada, tanto en la administración de los recursos, la proyección y ejecución de obras, partiendo de lo elemental, de escoger a las profesionales más idóneos y experimentados para cumplir diferentes cargos en la propia sede y en las diferentes sectores regionales. En esta semana santa tendremos que decir que Dios nos tenga confesados permanentemente, porque existe un plazo largo de cerca de dos (2) años para que estas autoridades sean sustituidas, mediante otro proceso electoral.

 

*** Héctor Flores Leiva es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en temas municipales. Fue alcalde de la provincia de Huari en dos períodos. Catedrático en universidades de Huaraz.

 

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