ENITH PINEDO BRAVO

Es necesario empezar este pequeño estudio deteniéndonos, aunque sea brevemente, en el intento de identificar una definición de «indígena » aplicable a Perú. Y es que sea a la luz de las normas vigentes o del propio autorreconocimiento tal tarea, como veremos, no es sencilla.

Lo que resulta cuestionable es que encontrándose vigentes normas internacionales vinculantes, se mantengan costumbres que producen diferenciaciones discriminatorias. En el caso de Perú, el mejor ejemplo ha sido la distinción que legislativamente desde la década de 1970 existe entre «campesino» y «nativo», derivada de la creación de las comunidades campesinas y de las comunidades nativas, respectivamente. A partir de entonces y hasta la actualidad, no solo jurídica sino sobre todo socialmente se ha conceptuado al campesino como el oriundo de la sierra y al nativo como el originario de la Amazonía, considerándose solo a este último como indígena.

En efecto, el gobierno militar promulgó la Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de Regiones de Selva y Ceja de Selva, mediante Decreto Ley N.º 20653, de junio de 1974. Esta norma representó un punto de inflexión para los pueblos de la Amazonía en cuanto a su reconocimiento legal toda vez que, en nuestra opinión, más que discriminados, históricamente fueron simplemente olvidados.

El DL eliminó la expresión «comunidad indígena» y lo reemplazó por la de «comunidad campesina», basándose en la constatación de que el término «indio» representaba socialmente un insulto y ningún indígena se autodefinía como tal. «Invisibilizando la palabra, el gobierno de Juan Velasco Alvarado crea además un ente que no existía: la comunidad nativa […] aplicando una institucionalidad fragmentada para asignar la tierra a las etnias de la Amazonía y no un territorio global a cada una de ellas» (Urrutia 2007: 180). El trasfondo de estas normas estuvo centrado en la implementación de la Reforma Agraria.

Sin embargo, aun cuando dichos términos fueron —y siguen siendo— asumidos efectivamente como ofensivos, con el transcurso del tiempo la «distinción» entre comunidades campesinas y comunidades nativas ha sido adoptada sin mayor discernimiento, de modo que esta «costumbre» se ha ido reproduciendo en otros cuerpos legislativos importantes peruanos.

Por ahora será suficiente mencionar solo a los pueblos indígenas para demostrar la equivocada actuación de los operadores jurídicos peruanos. Así, los criterios para definir a este sector son: i) ser descendiente de poblaciones que hayan existido en la época de la conquista, colonización o antes de la demarcación de las fronteras nacionales actuales (es decir, pueblos preexistentes a los estados actuales); y ii) conservar, en todo o en parte, sus propias instituciones sociales, económicas, culturales o políticas, sin interesar su situación jurídica (reconocidos, registrados, titulados o no).

Dicho ello, y sabiendo que nativo no es más que originario, ¿qué diferencia existe entre él y un indígena? Si, como es sabido, las poblaciones existentes antes de la conquista española radicaban no solo en la sierra y la selva peruanas sino también en la costa, constituyendo reinos, civilizaciones e incluso imperios, pero sobre todo, culturas, ¿por qué mantener la idea de que nativos son solo los que provienen de la Amazonía?

Ahora bien, este escenario parece que, por fin, empezará a cambiar. Ello a consecuencia de la Ley N.º 297852, en adelante Ley de Consulta Previa que reconoce, expresamente, que los criterios objetivos de identificación son: la descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio estatal, los estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente usan u ocupan, las instituciones sociales y costumbres propias, los patrones culturales, y el modo de vida distinto a los de otros sectores de la población del país. El criterio subjetivo, como es sabido, es la conciencia colectiva de poseer una identidad indígena u originaria.

Cabe aclarar que si bien la Ley N.º 27811 ya hacía alusión de manera muy genérica a estas pautas, no las asumía como criterios de identificación, como sí lo hace expresamente la Ley de Consulta Previa. De este modo, que sean denominadas comunidades campesinas o comunidades nativas, o que al sustantivo pueblo o comunidad se le añada adjetivos como los mencionados por el artículo 2 de la Ley N.º 27811, puede ser irrelevante cuando se tiene enfrente a los criterios que esta ley establece para su identificación.

* Enith Pinedo Bravo, egresada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, es doctora en Derecho y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca, España, y Coordinadora del Programa por la Igualdad Política en el Jurado Nacional de Elecciones.

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