ENITH PINEDO BRAVO

LA “REFORMA” ELECTORAL Y LA CUESTIONABLE ELIMINACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS LOCALES

Como cada cuatro años en octubre tendremos nuevamente Elecciones Regionales y Municipales. La coyuntura política promovida por el acuerdo de impunidad entre Kuczynski y Fujimori ha logrado desviar la atención de un acontecimiento, también político, que tiene como resultado reconfigurar el mapa de poder subnacional del país, con repercusión nacional.

Pero la importancia de estas elecciones no radica solamente en lo indicado sino también en que, a través de ellas, puede verificarse en cierta medida el grado de apoyo al sistema democrático en la medida en que la población elige a las autoridades de los ámbitos en que el Estado peruano les es más cercano.

Habiendo sido convocadas (mediante Decreto Supremo No. 004-2018-PCM), cabe hacer énfasis en una de las últimas modificaciones aprobadas por el Congreso, a ser aplicada en este proceso que formalmente ya empezó: la eliminación de las organizaciones políticas locales. Para entender su repercusión, conviene aclarar qué son, y para ello, recordar qué tipos de organizaciones políticas existen en nuestro país y cuál es su ámbito de acción. Pues bien, de acuerdo con la legislación, en Perú tenemos a los partidos políticos, que tienen alcance nacional y por ello pueden participar en todos los procesos electorales (sean nacionales o subnacionales); a los movimientos regionales, que tienen alcance departamental o regional y que por ello pueden participar en elecciones regionales y municipales; y hasta el pasado 29 de noviembre teníamos a las organizaciones políticas locales (OPL), las mismas que según su propia denominación, podían presentar candidatos solo en elecciones municipales.

Estas organizaciones, al estar su existencia sujeta a la vigencia de un proceso electoral local, tenían una duración puntual, lo cual, unido a los requisitos para su constitución, las convertían en la opción más factible que tenían los ciudadanos no partidarizados de ejercer su derecho a la participación política en elecciones locales. Pues bien, resulta que con la Ley 30688, en aquel ámbito en donde las personas sienten que el Estado está más cerca es justamente donde no podrán participar libremente como vecinos, debiendo necesariamente vincularse con partidos políticos o movimientos si decidieran postular a algún cargo de representación. De esta forma, con la modificación a la Ley de Organizaciones Políticas hecha con la citada ley, se procura monopolizar la participación política de los peruanos a favor de organizaciones que en gran medida no tienen ni el alcance ni el conocimiento, ni muchas veces ni siquiera el interés de constituirse en reales intermediarios o canalizadores de las demandas de los distritos y provincias del país. Centrados los partidos en Lima y los movimientos en una mirada departamental que no aterriza en las preocupaciones provinciales ni mucho menos distritales, cabe concluir que estas organizaciones no quieren más competencia bajo el argumento de que debe fortalecérseles a ellas.

Sabiendo que en otros países existen opciones para que grupos de ciudadanos participen en elecciones sin tener que recurrir a los partidos, reiteramos nuestra crítica a una ley que limita el derecho de participación política de las personas en elecciones que por su naturaleza requieren de vecinos interesados en su localidad. Para variar, el Congreso peruano va en contra de las corrientes promotoras de derechos, y privilegian posiciones que no tienen sustento en el conocimiento de la realidad subnacional.

* Enith Pinedo Bravo, egresada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, es doctora en Derecho y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca, España, y Coordinadora del Programa por la Igualdad Política en el Jurado Nacional de Elecciones.

 

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