ENITH PINEDO BRAVO

¿QUÉ SON LOS CRÍMENES DE ODIO Y POR QUÉ PERÚ ES UNO DE LOS POCOS PAÍSES QUE NO LOS SANCIONA?

Es probable que en los últimos meses haya oído o leído algo sobre los llamados “crímenes de odio”. Si eso ha sido así, quizás se haya debido a que en enero de este año se aprobó un decreto legislativo que establecía agravantes en las penas de los delitos cometidos por criterios discriminatorios contra personas LGTBI, habiendo sido esto cuestionado principalmente por sectores ultraconservadores de nuestra sociedad. Dicho decreto fue el No. 1323.

¿Qué establecía dicho decreto sobre este tipo de delitos? Se reitera: se aumentaban las penas. Esto quiere decir que, por ejemplo, si alguien golpeaba a una persona por ser LGTBI, a la pena que le correspondiera a dicho autor por el delito de lesiones, se le aumentaba un tiempo más por haberlo cometido contra una persona de estas características. ¿Eso es un privilegio? NO.

Lo primero que debe indicarse, y de modo enfático, es que los crímenes de odio están relacionados con delitos cometidos contra personas en estado de vulnerabilidad, como pueden ser las personas LGTBI, pero también las mujeres, los indígenas, y los inmigrantes. No es difícil darse cuenta que hay una característica común: se trata de personas discriminadas, en la mayor parte de los casos de forma histórica y por ello mismo, con un estado de indefensión mayor. Se encuentran pues, en estado de vulnerabilidad.

Sin tomar en cuenta las causas de aquella discriminación –ciertamente basadas en prejuicios irracionales-, cabe también resaltar que es justamente esto lo que provoca que un Estado democrático actúe, pues tiene el deber de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas. Una forma de hacerlo es, claramente, sancionando con más gravedad los delitos que se cometan contra estas personas. No se trata pues de ningún privilegio.

Cabe preguntarse entonces: ¿el Estado peruano protege a estas personas de manera real? En la mayor parte de los casos la respuesta es un contundente NO. En el caso de las personas LGTBI la derogatoria del Decreto Legislativo No. 1323 es una muestra, en tanto buscaba -se reitera-, agravar las penas de los delitos cometidos contra ellas basados en su orientación sexual o identidad de género, entendidos estos como criterios de discriminación. E inmediatamente cabe preguntarse por qué fue derogado. Más allá de los argumentos formales brindados por los congresistas principalmente de Fuerza Popular, lo real es que en nuestro país sigue existiendo un sector que prefiere negar derechos a las personas que no son como quisieran que fueran, aunque ello signifique ubicar al Perú en el segundo lugar de los países de América Latina más retrógradas en el reconocimiento de derechos de personas LGTBI. Nos encontramos pues ante una realidad en la que el Congreso es socio de la discriminación.

* Enith Pinedo Bravo, egresada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, es doctora en Derecho y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca, España, y Coordinadora del Programa por la Igualdad Política en el Jurado Nacional de Elecciones.

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