EN DEFENSA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

Las detenciones preventivas a ex presidentes, ministros, empresarios y altos funcionarios del Estado, acusados de haber recibido millonarios sobornos de constructoras brasileñas, principalmente de Odebrecht, se ajustan al derecho. Esta medida se aplica desde hace un buen tiempo, por ejemplo, contra miembros de peligrosas bandas delincuenciales y contra ex gobernadores, como los de Cajamarca Gregorio Santos, y de Áncash César Álvarez. Entonces nadie cuestionó esta pena provisoria. Pero ahora que la justicia la aplica contra los grandes intereses económicos y sus personajes que hicieron fortuna a costa del dinero de todos, recién sus voceros denuncian abuso de poder, excesos y persecuciones.

Recién ahora que la justicia no discrimina, ante las sólidas evidencias obtenidas por el equipo especial Lava Jato, que encabeza correctamente el fiscal Rafael Vela, ante el peligro de fuga y las repentinas y oportunas “dolencias” de los investigados, la prisión preventiva no es una opción, es una obligación el aplicarla. Muchos medios de comunicación tratan de satanizar esta medida desde que la justicia alcanzó, por ejemplo, a los poderosos empresarios del “Club de la Construcción”, y a sus gobernantes favoritos Pedro P. Kuzcynski y Alan García. Veremos, entonces, si en los próximos meses la lucha anticorrupción cederá a este infame intento por lograr la impunidad, o si, en un acto sin precedentes, castigará a los corruptos.

Pero el Perú no tiene solo un problema de corrupción, es más un problema de criminalidad estatal. Un Poder Judicial corrupto podría destruir a sus miembros corruptos y sanar. Un Congreso corrupto podría expulsar a sus integrantes contaminados y recuperarse. Pero cuando todo el Estado ha sido capturado por criminales y rediseñado por criminales para funcionar en favor del crimen, entonces es inútil esperar que el Estado vaya a curarse solo. Es como si bandas de malandros se disputasen el acceso al tesoro público y el control de los sistemas de poder para robar de modo impune.

En Áncash, a los ya consabidos ex gobernadores César Álvarez, Waldo Ríos y Enrique Barnechea, que purgan cárcel por diferentes delitos, tenemos a varios ex alcaldes condenados por corrupción, y otros tantos aún en proceso.

Pero también hay ex alcaldes prófugos, de los cuales “honran” la vitrina del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior los ex alcaldes de la provincia del Santa Victoria Espinoza García y Julio Cortez Rojas, quienes llevan más de 10 meses en la clandestinidad. Asimismo, son buscados los ex alcaldes de Nuevo Chimbote Valentín Fernández Bazán; de San Nicolás (Luzuriaga) Edbel Montalvo Flores; de Casma José Luis Lomparte Monteza; de San Marcos (Huari) Javier Medina Melgarejo; y de Chavín de Huántar (Huari) Manuel Paucar Ramírez.

A ellos se les suman una serie de ex funcionarios ediles que participaron en hechos delictivos. Por la información que ayude a la ubicación y captura de cada uno de los antes mencionados el Estado ofrece recompensas que oscilan entre los 10 mil y los 30 mil soles.

Es la hora cero del país, no podemos continuar con unas elecciones en las que votamos para ver cuál de las bandas va a robarnos los siguientes años y cómo se van a obstaculizar o aliar unas con otras. En ese sentido, la reforma política y electoral para evitar candidatos y/o organizaciones con antecedentes penales y con financiamientos de campaña delictivos, es urgente. Con ella se puede abrir el camino para la limpieza de la política. Lamentablemente, el Congreso es la llamada a aprobarla, pero mientras la alianza aprofujimorista siga petardeándola el panorama está complicado. El presidente Vizcarra tendrá entonces una oportunidad más para proponer la cuestión de confianza. ¿Lo hará?

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