El caso Vargas Barrenechea

Por Nohelia N. Mengoa Quispe
(Encargada del área penal-electoral de Collazos, Mengoa & Palmadera Abogadas).

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó sin efecto las credenciales otorgadas a Enrique Máximo Vargas Barrenechea para ejercer los cargos de Vicegobernador (por elección) y de Gobernador Regional Provisional (por suspensión del gobernador electo) de Áncash, hasta que se resuelva su situación jurídica, motivada por la condena de cinco años de pena privativa de la libertad que pesa en su contra. La decisión del JNE está sustentada en una particular interpretación del artículo 31, numeral 2 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR), según la cual, una autoridad regional es suspendida en el cargo por tener mandato firme de detención derivado de un proceso penal.

En su pronunciamiento, el JNE consideró que equiparar el mandato de detención con la imposición de una pena privativa de la libertad efectiva constituye una interpretación teleológica, pues la finalidad de la figura de la suspensión es garantizar la continuidad y el normal desarrollo de las actividades propias de la gestión regional, toda vez que Vargas Barrenechea está recluido en un establecimiento penitenciario, circunstancia que le impide continuar ejerciendo el cargo.

No obstante la buena intención de realizar una interpretación teleológica, la equiparación realizada por el JNE no resulta correcta, toda vez que la imposición de una pena privativa de libertad efectiva no puede ser homologada al mandato de detención que involucra la restricción de la libertad. Lo correcto es homologar la orden judicial de ejecución provisional de la condena de primera instancia con la causal de mandato de detención, ya que en ambas sí se encuentra, en esencia, una restricción de la libertad judicialmente ordenada.

Tampoco se debe olvidar que la LOGR exige que el mandato de detención sea firme, esto es, que procesalmente se hayan agotado todos los recursos para lograr su revocación. Sobre este punto, el JNE decidió homologar la firmeza con la vigencia del mandato de detención, circunstancia contemplada como causal de suspensión en el artículo 25, numeral 5, de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Respecto a la homologación de vigencia y firmeza realizada, se debe precisar que ello resulta plausible, pero el JNE olvida analizar el contenido penal y procesal que involucra la orden de ejecución provisional de la condena de primera instancia, que quizá pueda dar una respuesta más certera a este dilema legal. Propiamente, me refiero a que de la lectura de la sentencia de Vargas Barrenechea, se advierte que el juez penal ordenó la ejecución provisional de la condena en mérito a lo dispuesto en el artículo 402 inciso 1 del Código Procesal Penal, obviando lo dispuesto en el inciso 2 del mismo artículo, que establece que el juez, para ordenar la ejecución provisional de la condena, debe valorar la naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, debiendo en consecuencia fundamentar en su sentencia conforme a las garantías que rodean el proceso penal por qué ordena la ejecución provisional de la condena, circunstancia que no se advierte haya realizado el referido órgano jurisdiccional.

En tal sentido, Vargas Barrenechea pudo impugnar no solo su condena, sino también la decisión de su ejecución provisional, a fin de que el superior evalúe la posibilidad de afrontar la segunda instancia en libertad, lo que desde mi óptica hubiera sido atendible, ya que el juez penal no fundamentó en ningún extremo el porqué de esta decisión. Sin embargo, de la información remitida por la Corte Superior de Justicia de Ancash al JNE, no advierto la existencia de la impugnación respecto al extremo de la ejecución provisional de la condena, lo que significa que pudo quedar consentida y, en consecuencia, firme, cumpliéndose en consecuencia la exigencia de la causal de mandato firme de detención.

 

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